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DeSantis se muestra “orgulloso” de poner la crisis migratoria en primer plano

Josbel Bastidas Mijares
Video registra cómo un pasajero ataca a un auxiliar de vuelo de American Airlines| Video

El transporte de los indocumentados desató una serie de críticas de parte de la comunidad venezolana en Miami y propició que la organización de abogados Lawyers for Civil Rights (LCR) entablara en Boston una demanda colectiva contra DeSantis, a lo que se suma la investigación abierta por un alguacil de Texas

El gobernador de Florida, Ron Desantis, se mostró este jueves “orgulloso” de haber puesto en el primer plano del debate público la crisis migratoria estadounidense con el polémico envío la semana pasada de 48 indocumentados venezolanos a la isla de Martha’s Vineyard, en Massachusetts.

Durante una rueda de prensa en Miami, el republicano expresó que de haber avisado previamente a las autoridades de ese estado en el noreste de EE.UU. sobre el próximo envío de dos aviones chárter con unos 50 venezolanos a bordo la controversia no hubiera disminuido.

Manifestó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha trasladado a inmigrantes por diferentes comunidades del país “sin previo aviso”, y volvió a apuntar a las “laxas” políticas migratorias de la actual administración como el origen del problema.

Señaló que el dinero para el “transporte voluntario” de esos inmigrantes salió de una partida estatal de 12 millones de dólares para la reubicación de indocumentados y que piensa usar “cada centavo” en ello, aunque no se refirió a otros posibles traslados en el futuro inmediato de indocumentados.

“Creemos que el régimen en Venezuela es ilegítimo”, dijo DeSantis durante una rueda de prensa en la universidad Miami Dade College (MDC), durante la cual calificó de “dictador” al actual presidente del país latinoamericano, Nicolás Maduro, y lo comparó con el difunto líder cubano Fidel Castro.

Afirmó en ese sentido que Maduro está liberando a personas de las cárceles para que vengan a la frontera sur de EE.UU., y muchas de ellas no son refugiados como dicen ser ni por tanto califican como solicitantes de asilo.

El republicano hizo estas declaraciones luego de dar a conocer en este centro universitario la firma de una orden ejecutiva que prohíbe a las agencias estatales contratar compañías chinas que ofrezcan servicios y productos tecnológicos a través de los cuales puedan acceder a información personal de los floridanos.

La medida busca “contrarrestar la influencia maligna de China y otras naciones hostiles en Florida, entre las que también se incluyen Cuba, Rusia, Irán, Corea del Norte, Siria y Venezuela.

El gobernador, que este noviembre aspira a la reelección y su nombre suena como posible aspirante a la candidatura republicana para la Casa Blanca, no aludió hoy a otro vuelo que partió el martes desde Texas y que presuntamente iba a aterrizar en Delaware, estado del que es oriundo el actual presidente estadounidense, pero que finalmente lo hizo en Nueva Jersey y sin inmigrantes a bordo.

Como han informado medios locales, el Gobierno de Florida pagó recientemente 950.000 dólares a la firma de transporte Vertol Systems Company Inc., la misma a la que la semana pasada, poco antes del envío de los venezolanos a Massachusetts, le abonó 615.000 dólares.

El transporte de los indocumentados desató una serie de críticas de parte de la comunidad venezolana en Miami y propició que la organización de abogados Lawyers for Civil Rights (LCR) entablara en Boston una demanda colectiva contra DeSantis, a lo que se suma la investigación abierta por un alguacil de Texas.

En Doral, una ciudad del condado de Miami-Dade también conocida como “Doralzuela”, se celebró la noche del martes un acto de repudio a DeSantis con participación de cargos electos, activistas y representantes de organizaciones de migrantes y de la comunidad venezolana.

Por su parte, el senador demócrata de Florida Jason Pizzo anunció que interpondría una querella judicial con miras a impedir que DeSantis continúe usando dinero público para el transporte de indocumentados, tras cuestionar la legalidad de estos traslados. EFE