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También, otras facturas confeccionadas a nombre de CIAP y hechas por varios contratistas involucrados en el esquema de “factura clonadas”, fueron utilizadas en la rendición de cuentas.

El Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) está presidido por Tadeo Álvarez, imputado en la causa al igual que el exgobernador de Central, Hugo Javier González Alegre (ANR cartista) y otras 13 personas

Los fiscales Rodrigo Estigarribia y Diego Arzamendia, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos (UDEA). presentaron un pedido de prórroga extraordinaria respecto a la procesada Karina Elizabeth Mazacote Widmer , imputada en febrero de este año en el caso de las facturas presumiblemente clonadas que aparecieron en la rendición de cuentas de la Gobernación de Central.

La causa investigada por el Ministerio Público es sobre el presunto mal uso de US$1 millón (G. 6.382 millones) que el Ejecutivo otorgó a la institución departamental en diciembre de 2020 para reactivar la economía durante la pandemia en el departamento Central.

Mazacote Widmer, exjefa de Control Interno de la Gobernación de Central, fue imputada por lesión de confianza, declaración falsa y asociación criminal . Fue beneficiada por la jueza María Elena Cañete del Juzgado de San Lorenzo, con medidas sustitutivas al arresto.

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Los agentes Estigarribia y Arzamendia , fundamentaron el pedido de prórroga alegando “la complejidad de la investigación dado que se trata de un hecho de corrupción pública que involucra a altos funcionarios de la entidad estatal con presunción del perjuicio al patrimonio”.

También sostienen que la causa tiene un “elevado número de imputados (15)”, además de las diligencias pendientes “a ser realizadas en el extranjero”. Los fiscales aseguran que aún existe “la necesidad de diligenciar pruebas testimoniales, periciales y de informe contestación de asistencia jurídica internacional”.

Inadmisible y no hacer lugar Finalmente, el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos integrado por los magistrados Arnulfo Arias, Andrea Vera Aldana y Bibiana Benítez, declararon inadmisible la solicitud de prórroga extraordinaria y en consecuencia se resolvió “no hacer lugar” al pedido de los fiscales Rodrigo Estigarribia y Diego Arzamendia.

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“A consecuencia de las dilaciones que se presentan en contra de la admisión del acta de imputación corresponde que una vez que, se reanude y que se resuelvan los incidentes, en realidad, tiene que iniciar el plazo ordinario como lo resolvió en este caso la Cámara”, sostuvo el fiscal Estigarribia ante la decisión.

De esta manera, según la Cámara, el Ministerio Público deberá presentar el requerimiento conclusivo con relación a la imputada Karina Elizabeth Mazacote Widmer , dentro del plazo que finaliza el 5 de noviembre de este año.

Ola de chicanas En agosto, este mismo Tribunal rechazó el pedido de nulidad de la imputación del Ministerio Público y de esta manera la jueza María Elena Cañete llevó a cabo la audiencia de imposición de medidas dilatada desde febrero y otorgó a la imputada medidas sustitutivas al arresto. Anteriormente la mujer había planteado otras chicanas y todas fueron rechazadas.

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Hipótesis de la Fiscalía Según el acta de imputación, Karina Elizabeth Mazacotte Widmer , entre los meses de agosto del 2020 y mayo del 2021, le habría encargado a la también exfuncionaria de la Gobernación, Modesta Valiente Escobar (imputada en la causa), pagarle a los funcionarios de la institución departamental contratados “por transferencia”, pero, las facturas debían ser emitidas a nombre de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), así como de otras oenegés con las que operaba la Gobernación durante la administración de Hugo Javier González Alegre .

CIAP recibió la suma de G. 5.105 millones del fondo covid-19 de un millón de dólares. Las facturas de los funcionarios por transferencias confeccionadas mucho antes del desembolso del millonario recurso por parte del Estado, aparecieron en la rendición de cuentas de la ONG y de la Gobernación para justificar el uso del dinero transferido a CIAP.

También, otras facturas confeccionadas a nombre de CIAP y hechas por varios contratistas involucrados en el esquema de “factura clonadas”, fueron utilizadas en la rendición de cuentas.

El Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) está presidido por Tadeo Álvarez, imputado en la causa al igual que el exgobernador de Central, Hugo Javier González Alegre (ANR cartista) y otras 13 personas.